Carbón y energías limpias, un extraño matrimonio

El peor enemigo de la lucha contra el cambio climático es, probablemente, la demagogia y el falseamiento de la realidad. La primera, la practican tanto los políticos como las empresas, especialmente las energéticas, a las que les gusta anunciar su parte más verde, cuando la mayoría de su producción es contaminante (algunas prohíben incluso que se fotografíen las chimeneas de sus centrales térmicas). En cuanto al Gobierno, la demagogia se suele traducir en compromisos electoralmente correctos pero económicamente inviables y medioambientalmente inútiles.

Los ejemplos de cómo se retuerce la realidad son abundantes. ¿Por qué nadie explica que el coche eléctrico no es precisamente limpio, sino que funciona con la electricidad que las empresas producen, en buena parte, con combustibles que emiten CO2? ¿Por qué durante mucho tiempo se promocionó la generación del gas natural frente al carbón, cuando ambos emiten dióxido de carbono, si bien, el gas en menor medida?

Pocas veces se recuerda que la aplicación del Protocolo de Kioto en los países que los suscribieron sigue sin atajar el mayor de los problemas: las emisiones de los vehículos. Y es que los políticos no se atreven a penalizar la contaminación del transporte (que representa más del 50% de las emisiones en todo el mundo), por ser responsabilidad de ciudadanos que votan y a los que no se quiere despertar la mala conciencia de ser los causantes finales del grave problema climático.

Ante la foto de una planta cualquier sector afectado por la directiva europea del comercio de emisiones, como el eléctrico, pocos tienen conciencia de participar en el desastre. No falta quienes consideran que, mientras no se despierte esa conciencia, (con tasas u otras medidas disuasorias) no habrá solución posible. Además, maquillar la realidad vendiendo avances que pesan relativamente poco, puede ralentizar las investigaciones necesarias para ganar la batalla al cambio climático. Teniendo en cuenta que todas las energías son imperfectas (la que no hace daño a la atmósfera o el paisaje, es insuficiente o cara) y los compromisos históricos con ciertos sectores económicos, cualquier planificación energética resulta imposible. Tal es el caso de la esquizofrenia en la que se debate estos días el Ministerio de Industria. El departamento que dirige Miguel Sebastián, con su secretario de Estado, Pedro Marín, a la cabeza, se ha empeñado en defender al mismo tiempo las bondades del carbón y las energías renovables.

Con el derrumbe de la demanda eléctrica provocado por la crisis económica las energías del llamado régimen especial, las más primadas de Europa y que el mercado está obligado a comprar sí o sí, han ganado peso relativo: un 35% en septiembre. Por contra, la quema de carbón autóctono se ha venido a pique, hasta el punto de que desde hace meses, las eléctricas no logran colocar la producción de sus centrales en el mercado mayorista (pool).

Mientras el avance desenfrenado de las energías renovables está hipotecando el futuro de una tarifa que el Gobierno se niega a incrementar (se calcula que en la de acceso la partida más cara este año, unos 5.600 millones, corresponde a las subvenciones a este tipo de energías), la crisis no ha dejado hueco al carbón nacional, caro para competir en el mercado, aunque más barato que las renovables, que en algunos casos supera los 400 euros MWh, frente a los 40 euros de media de las energías convencionales que compiten en el pool.

En ese afán por buscar un hueco al carbón y poner freno a las subvenciones crecientes de la producción de renovables, Sebastián ha cometido uno de los errores más graves de su mandato (el asunto del registro estatal de renovables) y va camino de cometer otro mayor, si cabe, con su nueva propuesta para poner fin al colapso del carbón.

En tres días, el PSOE y CiU han enmendado una enmienda que habían pactado en el Senado de una ley que enmendaba, a su vez, la del 30 de abril por la que se creaba un registro de preasignación de instalaciones, cuya autorización corresponde a las comunidades autónomas. El asunto no tendría mayor trascendencia si no fuese porque, sólo para instalaciones termosolares, hay solicitudes de 4.000 MW cuando el plan de renovables sólo prevé 400 MW.

Los teóricos del Ministerio de Industria, por intentar controlar la situación, han trasladado al Estado un problema que, en principio, estaba circunscrito a las comunidades.

Entre tanto, la avalancha de la producción renovable (buena medioambientalmente) va a generar un encarecimiento de la tarifa que el Gobierno debe afrontar (el recurso al déficit de tarifa está limitado a una cantidad anual cerrada por ley) además de los problemas técnicos de evacuación a la red, que REE sortea con diligencia.

En paralelo, según el borrador de real decreto por el que se pretende solucionar la crisis del carbón, Industria quiere que las eléctricas quemen 20 millones de toneladas hasta 2012, a un precio regulado. ¿Quedará hueco para el resto de las tecnologías?

Según la propuesta, el mercado diario seguiría en funcionamiento (el carbón entraría por el mercado de restricciones) y la energía que case en el mismo y fuese innecesaria para cubrir la demanda tras la entrada del carbón se excluiría mediante subastas de salida. Quizá el carbón de importación.

En definitiva, y una vez más, todo apunta a un encarecimiento de la tarifa, que deberá compensar el precio regulado del carbón, que se justifica en la defensa de la garantía de suministro. Lo que demuestra que el matrimonio de conveniencia carbón-renovables es posible, siempre que alguien (los consumidores) paguen la minuta de una cara boda.